Corrupción en Atilra: la nota anticipadora que hace casi 10 años un juez nos obligó a suprimir
Utilizando un mecanismo muy discutible, hace casi una década un juez rafaelino silenció una nota que planteaba cuestiones que hoy investiga la Justicia federal, como el papel que juegan familiares de Héctor Ponce en el gremio lechero.
La Justicia Federal investiga el papel que cumplen la hija y el yerno de Héctor Ponce (Foto: El Litoral).
Por Fernando Garello – Tardíamente la prensa nacional se ocupa de la crisis de SanCor, de los desmanejos y los abusos que la llevaron al colapso. Lamentablemente, es demasiado tarde. La cooperativa que fundaron hace casi 80 años nuestros abuelos fue literalmente liquidada y traspasada a una empresa que no tiene trayectoria en el mundo industrial y se dedica a los negocios agropecuarios a gran escala.
En Sunchales y la región todo el mundo sabe que hace casi diez años que cuestionamos la política de “tirar manteca al techo” que hundió a la madre cooperativa. Durante todo ese tiempo, la mayoría de los medios de comunicación locales prefirieron mirar para otro lado. Incluso el periódico que se fundó a la sombra del cooperativismo y que tras cambiar de propietario eliminó el eslogan “de la Capital del Cooperativismo” que ostentó con orgullo durante más de 20 años. Claro, los avisos de Atilra comenzaban a fluir generosamente: el supermercado, la farmacia, el “centro cultural” y la clínica, las mismas unidades de negocios que hoy están bajo la mira de la Justicia Federal que hace unas semanas ordenó una serie de allanamientos masivos que no tienen antecedente en la historia de la ciudad.
Sin embargo, no todo fue silencio cómplice. Hay quienes adoptaron un actitud mucho más activa, como el juez del fuero Civil y Comercial de Rafaela que a pedido del yerno y de la hija de Héctor Ponce, en tiempo récord y sin brindarnos la posibilidad de ofrecer la más mínima explicación y fundamentanción, nos conminó a eliminar de nuestros servidores una nota periodística que estaba destinada a echar luz sobre un tema que hoy trata con profusión la prensa nacional.
En su momento cumplimos con la polémica orden, aun cuando consideramos que avasallaba la libertad de expresión y del derecho de acceso a la información de los ciudadanos, entre otras cosas porque sospechamos que el juez obró de manera llamativamente veloz y parcial, probablemente influido por el peso de los demandantes.
Un nota anticipadora
Pues bien, esa nota que se titulaba “La vida de ensueño de la hija de Héctor Ponce”, planteaba cuestiones que casi diez años después la Justicia Federal incorpora como fundamentos para impulsar una imputación sobre el gremialista que trascendió los límites de nuestra ciudad y región para instalarse en los medios de comunicación de Buenos Aires.
Lamentablemente y pese a la repercusión que tuvo en su momento, la única fuente de información que disponían los ciudadanos sobre las irregularidades que se estaban registrando en el gremio fue suprimida mediante una decisión judicial polémica que nos obligó a borrarla de nuestros servidores, echando un manto de oscuridad sobre hechos que tarde o temprano terminarían saliendo a la luz pública.
Quienes leyeron esa nota malograda seguramente recordarán que tras describir el llamativo estilo de vida que llevaban la hija y el yerno del secretario general de Atilra, con un casa de grandes dimensiones en una de las zonas residenciales más caras de la ciudad y vehículos de alta gama como una SUV Volvo de gran valor en el mercado, publicábamos un cuestionario que Ponce se negó a responder de manera directa y que planteaba preguntas tan básicas como las tareas que sus familiares desempeñaban en la clínica gremial, la forma en que fueron seleccionados para cumplir con dichas funciones y la remuneración que percibían.
Según el juez Élido Ércole, dicha información vulneraba la imagen del matrimonio, razón por la cual, sin siquiera ofrecernos la posibilidad de hacer un descargo donde hubiéramos planteado que se trataba de una cuestión de interés público, ya que como era evidente en ese momento y como queda demostrado ahora, los desmanejos producidos en el gremio lechero no solamente pueden configurar graves delitos, sino que además contribuyeron a la pérdida de una de las cooperativas más importantes de Latinoamérica y de una parte de la historia de Sunchales.
Tras los allanamientos realizados por orden del juez federal Luis Rodríguez, hoy podemos saber que tanto la hija como el yerno de Héctor Ponce cumplieron un papel fundamental en la estructura presuntamente delictiva que se montó en Atilra y que se vieron ampliamente beneficiados por ello. Por ejemplo, según consigna la agencia Noticias Argentinas, tal cual informó Afip, Natalia Ponce contaba en 2010 con un patrimonio de 279.100 pesos que en 2015 trepó a 6.269.799,73 pesos. Su esposo, Walter Antonio Zurrian, en tanto y en el mismo periodo, pasó de 13.143,73 a 1.054.179,36 pesos.
Últimos comentarios