Entretelones de un Concejo Municipal “protocolar” que cuesta mucho más de lo que hace
El Concejo Deliberante vuelve a ubicarse en el centro de una controversia que se inició con la imputación judicial de su ex presidente, quien hace unos días apuró la sanción del Presupuesto 2023 para pasar sus vacaciones en un destino internacional, un viaje que se esforzó en ocultar.
Durante el año que acaba de iniciarse, el funcionamiento del Honorable Concejo Municipal le costará al erario público 85 millones de pesos, cuarenta veces más que los recursos destinados a la nueva Planta de Tratamiento de Residuos Urbanos, un tema que los ediles utilizaron para iniciar una campaña proselitista tan inoportuna como temprana, sin aportar solución alguna. Por otro lado, gran parte de la actividad desarrollada por el Concejo Municipal es de carácter protocolar. Cada semana la secretaría del cuerpo difunde partes de prensa donde se reconoce a sunchalenses por las actividades que desarrollan y los logros que alcanzan. Desde educadores, a artistas y deportistas, todos posan con sus distinciones junto a los sonrientes ediles de las fuerzas políticas que integran el cuerpo. Se trata de una actividad sin dudas loable pero que tiene un desproporcionado costo para los contribuyentes, sobre todo si se considera el contexto económico que vive la ciudad, donde miles de sunchalenses tienen dificultades para llegar a fin de mes y para pagar impuestos nacionales, provinciales, además de tributos municipales.
La pregunta que muchos se hacen es si no llegó la hora de considerar alternativas que permitan bajar el costo burocrático que afronta la comunidad, por ejemplo, transfiriendo la tarea de otorgar distinciones y reconocimientos a una comisión de vecinos notables que muy probablemente aceptaría esa responsabilidad “ad honorem” o con un retribución infinitamente menor.
Apuro por las vacaciones
De acuerdo a la ordenanza presupuestaria aprobada unos días atrás, durante el año que se inicia el funcionamiento del Concejo Municipal demandará a los contribuyentes las exorbitante suma de 85 millones de pesos, de los cuales la mayoría son destinados al pago de los 17 sueldos que tiene el cuerpo, entre concejales, secretarios y asesores. La norma fue presentada en el mes de octubre del año pasado, pero recién fue aprobada “de apuro”, en una sesión extraordinaria desarrollada el jueves último, con varios ediles con la valijas listas para irse de vacaciones.
El caso más llamativo es, cuándo no, el del representante del PDP, que votó favorablemente el proyecto girado por el Ejecutivo con la cabeza puesta en el destino internacional que eligió para pasar descansar y reponer energías, aunque por supuesto, evitó hacer público su viaje al extranjero y hasta siguió posteando en redes sociales como si se encontrara en Sunchales trabajando por la comunidad.
Cuestionamientos en alza
La imagen del cuerpo no es la mejor, dado que viene de protagonizar uno de los episodios más vergonzosos de su historia: el encubrimiento del concejal Horacio Bertoglio, quien fuera denunciado por un emprendedor inmobiliario y su proceder está siendo investigado por la Justicia.
Como se recordará, en una bochornosa sesión que se desarrolló en septiembre pasado, el Concejo Muncipal evitó su destitución, gracias a los votos de su bloque y al oportuno auxilio del ex concejal vecinalista Oscar Trinchieri.
Técnicamente, sin el ex intendente vecinalista en una banca, el cuerpo podría volver a examinar el caso de Bertoglio, removiéndolo de su cargo, en vistas de los antecedentes y del lapidario dictamen del reconocido jurista al que se encargó revisar el tema. Sin embargo, los nuevos ediles parecen tener otras prioridades, como la temprana campaña electoral que se instrumentó a lo largo del año pasado, impulsada nada menos que por el concejal cuestionado y su compañera de bloque, aprovechando un reclamo legítimo de vecinos por el estado de la Planta de Tratamiento de Residuos que la Justicia convalidó y que debe resolverse a la brevedad.
Quedó claro que la intervención del Concejo Municipal en ese tema estuvo teñida por el oportunismo y el interés electoral, dado que no realizó ninguna propuesta para resolver un problema para el cual se destinan más de cuarenta veces menos en recursos que los que insume el cuerpo deliberativo para distinguir a ciudadanos ilustres.
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