Espionaje ilegal: renuncian masivamente funcionarios del Ministerio de Seguridad
Los allanamientos a las oficinas del Ministerio de Seguridad de las ciudades de Rosario y Santa Fe, en busca de evidencias sobre espionaje ilegal atribuidos al ex ministro Marcelo Sain sobre dirigentes políticos, empresarios y periodistas, entre otros, generó una verdadera crisis política en la provincia.
Los procedimientos judiciales precipitaron la renuncia del viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, y los demás funcionarios que llegaron con el ahora asesor de Aníbal Fernández y seguían trabajando en la cartera que conduce Jorge Lagna. Además de Montenegro, presentaron su renuncia Maximiliano Novas (secretario de Coordinación Técnica y Administrativa), Emiliano Mongia (subsecretario de Prevención y Control Urbano), Pablo Alvarez (subsecretario de Investigación Criminal), Diego Llumá (subsecretario de Seguridad Preventiva), Carla Pecorini (directora provincial de Centros Territoriales de Denuncias) y Federico Llumá (director de Comunicaciones).
También presentaron su dimisión, Rodolfo Gallardo (director de la Agencia de Investigación Criminal); Sebastián Sánchez (director de Análisis Criminal); Ramiro Cortese (asistente técnico) y Nadia Schujman (asistente técnica).
Las renuncias fueron resueltas ante la crisis generada por el anuncio de la investigación en curso por maniobras ilegales supuestas en la recolección de información.
Los funcionarios ya habían puesto a disposición sus renuncias previamente al gobernador Omar Perotti, en el contexto de la difusión de una fuerte disputa interna entre este sector que se referenciaba en Sain y el que encabeza el ministro del área, Jorge Lagna.
Delitos graves
Mientras tanto, en ámbitos políticos y judiciales se especulaba con la posibilidad de que los delitos que le imputen a Sain puedan llevarlo a la cárcel. Una acusación sería por «haber ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias, consistentes en la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas». Esto viola la ley nacional de inteligencia. Por lo pronto, lo que hay como evidencia es material físico –carpetas– y testimonios. Además, en el allanamiento en Rosario se encontró papel triturado que se presume es efecto de la destrucción apurada de documentos que podrían constituir más pruebas.
El matiz incluye una admisión: Sain realmente acumulaba información sensible sobre distintas personalidades de la provincia, presumiblemente para realizar eventuales «carpetazos». El ex ministro «hacía una ficha de cada persona con la que trataba o tenía algún cruce», agregó otra fuente que transitó los pasillos de la cartera de Seguridad. Habría carpetas sobre legisladores, empresarios, gremialistas, funcionarios judiciales y periodistas.
Muchos de esos archivos se nutrían de información que fue comprada en bases de datos a través de la utilización de fondos reservados asignados al propio Ministerio de Seguridad. «Es una barbaridad», admitieron desde el gobierno provincial. Fuentes de la investigación explicaron que por esta razón otro de los delitos atribuibles a los funcionarios involucrados sería malversación de fondos públicos.
Uno de los celulares secuestrados hoy en el allanamiento es el del renunciado viceministro de Seguridad, Germán Montenegro, hombre de estrecha confianza de Sain. A al menos otros dos funcionarios se les quitaron también sus aparatos. Todos ellos protagonizaban una feroz interna con el ministro Lagna.
El gobernador Omar Perotti convocó para la semana que viene a la oposición a debatir medidas para combatir la crisis de la seguridad pública. Seguramente querrá llegar al miércoles, día de ese encuentro, con el camino algo más despejado.
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