La paz y el orden: suspenden controles sobre prisiones domiciliarias por falta de combustible

Aseguran que se debe a «derivaciones burocráticas producto del reciente traspaso» de la Dirección Provincial del Patronato de Liberados a la órbita del Ministerio de Seguridad.

Durante el mes de enero, la Provincia dejó de controlar el cumplimiento
de prisiones domiciliarias de cientos de presos.

Por medio de una comunicación interna, la Dirección Provincial del Patronato de Liberados, organismo que se ocupa de verificar la situación de los reclusos que obtienen el derecho de la prisión domiciliaria, anunció que desde el pasado lunes y hasta el domingo “se suspenderían los controles de las prisiones domiciliarias” en el departamento Rosario. Según la circular, la situación se debe a “derivaciones burocráticas producto del reciente traspaso” del Sistema Penitenciario (SP) Provincial, que dejó el organigrama del Ministerio de Gobierno y desde el 7 de diciembre pasado volvió a la órbita del Ministerio de Seguridad.

También se especificó en el documento que la medida “no es para la totalidad de las prisiones domiciliarias” y solo abarca a los reclusos con condena firme que la cumplen en sus domicilios debido a diferentes razones. Entre las causas alegadas para la medida de suspensión se cuenta que el Patronato de Liberados, a cargo de Agustín Amelio Ortiz, “no cuenta por el momento con los recursos tanto humanos como económicos para cumplir la tarea”.

Según fuentes provinciales, el hecho se debe a que “el traspaso implicó normas y decretos necesarios para cumplir con la ley y el decreto correspondiente. Estas son cuestiones burocráticas que deben realizarse y a la demora se sumó que algunos de los empleados, que son funcionarios públicos, tomaron licencia por vacaciones y además el Covid diezmó la oficina por lo que dos tercios de los empleados cayeron enfermos. Por eso se retrasaron las gestiones y se produjo esta situación”. No obstante, hasta la semana anterior se realizaron controles domiciliarios y los informes ambientales correspondientes, según explicó un vocero del gobierno santafesino.

La forma de trabajo del Patronato consiste en recibir el pedido de un juez para comenzar el control de un interno. Los empleados en la delegación Rosario son 18 y otros 14 trabajan en la ciudad de Santa Fe. Ellos son quienes junto a los choferes acuden a los domicilios que indica el beneficiado por el derecho a la prisión domiciliaria. “En caso de que sean lugares peligrosos se pide colaboración a la policía, pero solo como acompañantes. Los policías no están a cargo de ningún control”, aseguró Gálvez.

En los primeros días de 2019 y mientras el ministro de Gobierno era el rosarino Esteban Borgonovo, el Sistema Penitenciario pasó de Seguridad a Gobierno y el 7 de diciembre de 2021, por medio del decreto provincial 2800, se otorgó a Seguridad las competencias “de entender en la organización y funcionamiento del Sistema Penitenciario así como en lo relativo al proceso de ejecución de la pena privativa de la libertad, el trabajo y producción penitenciaria, cesando de entender en consecuencia en tales materias el Ministerio de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos”.

Hasta el 10 de diciembre de 2019, con la anterior gestión del Frente Progresista Cívico y Social, el área penitenciaria funcionó y fue orientada por Seguridad. Sin embargo, tras la asunción de Sain al frente del área, el SP pasó a estar bajo la esfera del ministerio de Gobierno ya que el ex ministro entendía que la cartera de Justicia tenía mejor competencia para atender la situación actual de los presos alojados en los diez penales de la provincia.

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