Ponce e hijos, vuelos privados a paraísos fiscales, plazos fijos millonarios e indulgencia judicial
La controvertida resolución del Juzgado Federal Nro. 9 que beneficia al secretario general de Atilra y sus familiares por supuestos hechos de corrupción, enriquecimiento, defraudación al Estado y lavado de dinero, revela el extraordinario incremento patrimonial de su entorno.
Si bien la causa no prosperó dado que el juez federal decidió cerrar las actuaciones y dictar un controvertido sobreseimiento, el proceso sirvió para echar luz sobre el increíble incremento patrimonial del entorno familiar de Héctor Ponce, algo que resulta evidente para la sociedad sunchalense que ve a diario el estilo de vida que llevan pero sobre el cual no existían datos precisos.
Según el documento judicial al que este periódico tuvo acceso, entre 2010 y 2015, el patrimonio declarado de la hija del líder del sindicato de trabajadores lecheros se multiplicó por 22, pasando de 279 mil pesos a 6.269.799 de pesos. Dichas cifras surgen del cotejo de las declaraciones juradas del impuesto a las ganancias presentadas por la hija de Ponce en el período señalado. Para obtener dichos datos, el juez federal debió solicitar el levantamiento del secreto fiscal de las personas investigadas, entre las cuales figuran el propio Héctor Ponce, además de sus hijos y su yerno.
De las actuaciones también surge el hecho de que Ponce viajó junto a sus familiares en varias oportunidades en vuelos privados pagados por el gremio lechero a Uruguay, Panamá y los Estados Unidos, países donde se suelen crear sociedades fantasmas para lavar dinero. Dichos viajes a paraísos fiscales fueron registrados y corroborados por la Dirección Nacional de Migraciones, aunque el juez federal interviniente no logró avanzar en la determinación de si los imputados integran sociedades fantasmas con cuentas off shore.
Reducción mágica
Otro de los hechos más notables que se incluyen en el expediente judicial son las diferencias existentes entre los montos correspondientes a un plazo fijo a nombre de la hija y el yerno de Ponce en un banco privado. Según el informe de la Afip, la pareja era “titular del plazo fijo N.º 642070008932 por un monto de 4.599.704 dólares estadounidense que fue renovado en más de una ocasión, además de una cantidad (indeterminada) de plazos fijos en pesos que poseían los nombrados al igual que Héctor Ponce”. En un increíble pase mágico dicho plazo fijo “se redujo”, de acuerdo a lo manifestado por representantes del Banco Francés, entidad donde se encontraba radicado, de 4,6 millones a 300 mil dólares, sin que el juez interviniente lograra determinar de manera fehaciente e incontrastable cuál era el monto exacto, limitándose a atribuir la diferencia a un supuesto error de la Afip, siguiendo la afirmación de un empleado de la institución financiera.
Tampoco se investigaron “la cantidad de plazos fijos en pesos que poseían los nombrados al igual que Héctor Ponce”, de acuerdo a lo que se desprende del informe de la Afip.
Tratamiento VIP
Esta no es la única desprolijidad de la actuación del juez federal, dado que no solamente no aclaró debidamente el supuesto “error” de la Afip, sino que además dictó el sobreseimiento sin tomar declaración -siquiera testimonial- a los imputados, utilizando una justificación que no se sustenta debidamente, dado que las declaraciones de los imputados suele generar contradicciones e inexactitudes que permiten corroborar los hechos investigados.
Al que sí se tomó declaración testimonial, en cambio, fue al doctor Mario Bertoia, ex auditor de la obra social del gremio lechero, que reveló hechos muy cuestionables en el manejo del gremio y de la obra social que según afirmó en una entrevista realizada por este periódico y medios de comunicación nacionales como el programa de TV La Cornisa, que simplemente fueron contrastados por la presentación de los abogados defensores de los imputados, sin que se llegara a determinar de manera fehaciente su veracidad o falsedad.
Un fuero muy cuestionado
El fuero federal es uno de los más cuestionados del país, por su llamativa inacción frente al avance del delito organizado, el narcotráfico y el lavado de dinero. Pero si está en deuda con algo es con la lucha contra la corrupción política y sindical. Salvo contadísimas excepciones, los políticos y sindicalistas que llegan a ser investigados suelen ser beneficiados con un tratamiento VIP y falta de méritos o sobreseimientos muy cuestionables. En ese sentido, la Justicia Federal parece un gran simulacro que recuerda al VAR en el fútbol profesional, donde los poderosos siempre son beneficiados.
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