Pullaro defendió los operativos de saturación que cuestionó un juez venadense

El gobierno provincial aseguró que continuará instrumentando los operativos de saturación.

El juez de primera instancia de Venado Tuerto, Benjamin Revori, hizo lugar a una acción de habeas corpus preventivo y colectivo y resolvió declarar como ilegal los operativos de saturación que realiza el Ministerio de Seguridad de Santa Fe con resultados positivos en todo en las principales ciudades de la provincia.

Enterado de la controvertida decisión del juez venadense, el ministro de seguridad Maximiliano Pullaro señaló que «la política de seguridad de un gobierno democrático las toma el poder ejecutivo, por lo tanto la decisión del juez nos parece inadmisible. Vamos a apelar y seguiremos con todas las acciones de prevención del delito».

El funcionario de la administración de Miguel Lifschitz sostuvo además que «en la lucha contra el delito hemos realizado un trabajo de prevención a través de doce operativos de saturación con resultados muy positivos» y agregó que «los vecinos de Venado merecen respuestas a sus reclamos, y en el marco de la ley implementamos los operativos y decenas de controles en calle, y ahora de manera inexplicable un juez desde su escritorio pide frenar la tarea que se realiza».

Los denominados operativos de saturación se vienen desarrollando en las principales ciudades de la provincia, incluida Sunchales, con resultados positivos.

El juez Revori consideró que al realizar detenciones sin justo motivo, los denominados operativos de saturación representan “una amenaza a la libertad ambulatoria de los habitantes”. Según el magistrado las acciones denominadas de «saturación» implican una errónea aplicación de la denominada «detención por averiguación de antecedentes».

Por eso admitió un habeas corpus planteado a partir de privaciones de libertad en el marco de operativos de saturación dispuestos en Venado Tuerto y Firmat y concretados por la Unidad Regional VIII de policía. El incidente que dio lugar a la presentación del recurso judicial ocurrió el 7 de septiembre del año pasado, cuando durante uno de esos operativos dos mujeres, locutoras de una radio venadense, trataron de filmar con el celular el procedimiento de detención de tres hombres en el lugar.

Efectivos policiales las advirtieron y les exigieron su identificación. Ante la no exhibición de la credencial de periodistas, fueron invitadas a retirarse pero ante preguntas periodísticas sobre el operativo terminaron detenidas y trasladadas a la comisaría 12ª de Venado Tuerto. Según el acta , «se dejó constancia de una supuesta perturbación que no existió porque el procedimiento siguió normalmente, según se podía apreciar en las imágenes obtenidas del sistema de videovigilancia en funcionamiento», indicó el abogado Ignacio Blanc Codina, que planteó el habeas corpus.

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