Con el caso Samco, la sombra de la impunidad se proyecta sobre Sunchales

Expone la debilidad de la Justicia a la hora de escrutar las acciones de dirigentes políticos en actividad, una falencia que se extiende desde hace décadas por todo el país y que ahora llega a Sunchales.

El caso Samco demuestra que la Justicia no se atreve a imputar
a un candidato de Omar Perotti y del Frente Unen.

El fallo del juez Alejandro Mognaschi no dejó lugar a las dudas: el eslabón de la cadena de corrupción se corta siempre por lo más débil, especialmente cuando hay dirigentes políticos de un partido como el Justicialista de por medio. La causa ya venía cuadrada desde la Fiscalía, donde el tesorero y la secretaria de la institución al momento de ocurrir los hechos investigados, fueron convocados a declarar en calidad de “testigos”.

Resulta inverosímil que el concejal Fernando Cattaneo desconociera la acción del presidente Hugo Acuña, sobre todo por el tiempo que pasó desde que se detectó el faltante del dinero donado hasta que se le exigió que lo rindiese. Al momento no hay información precisa sobre la conducta del edil del PJ, responsable de la administración de los fondos por su condición de tesorero, si solicitó formal e informalmente al presidente Acuña que deposite los más de 30 mil pesos recaudados durante la comida a beneficio que organizó la comisión vecinal de barrio 9 de Julio, o si sencillamente se cruzó de brazos e hizo la vista gorda.

El sentido común indica que por lo menos Cattaneo debió ser imputado por negligencia en la administración y la custodia de los fondos del ente administrador del Hospital Almícar Gorosito, dado que si hubiera obrado correcta y responsablemente, no habría podido desconocer que faltaba rendir una suma de dinero tan importante.

La Fiscalía prefirió ahorrarle el disgusto al concejal Cattaneo en momentos en que aspira a obtener su relección, encabezando la lista de candidatos del PJ que promueve a Oscar Trinchieri como intendente. Sin dudas, una forma clásica de congraciarse con el poder político para obtener en el futuro una eventual promoción en la estructura judicial.

El problema es que este mecanismo no solamente deja impune delitos sino que también le otorga carta blanca a los políticos de turno. El caso de María Soledad Morales, ocurrido en la década del 90 en Catamarca, es un ejemplo de manual. ¿Qué pasaría si Cattaneo o alguno de sus familiares o quien ocupase su lugar abusara de una menor y la asesinara? ¿O si estafase a un socio, cliente o vecino? ¿Se atrevería la Justicia a castigarlo? La respuesta obvia, previsible, es que no haría semejante cosa porque es una persona de bien. Pero lamentablemente esas y otras cosas peores pasan.

El caso de la Cooperadora Policial

La Justicia no tuvo tampoco en cuenta que Cattaneo y Trinchieri aparecen involucrados en posibles manejos irregulares de fondos de la Cooperadora Policial, en un caso más reciente que aún no fue denunciado pero que en cambio generó un cruce y un debate en el recinto de sesiones del Concejo Municipal. Incluso, a partir de hacerse público, el tema derivó en un discreto distanciamiento de los candidatos del Frente Unen de la entidad que contribuye con la fuerza policial de nuestra ciudad.

Según se informó extraoficialmente, Cattaneo, en su calidad de auditor, habría tenido dificultades para justificar gastos de la Cooperadora, presentando comprobantes facilitados por su padre, una acción controvertida desde el punto de vista ético y que podría ocultar una nueva malversación de fondos públicos.

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