El divorcio entre SanCor y Héctor Ponce parece irreversible: la Policía ocupa la planta industrial
El matrimonio que unía al Consejo de Administración de SanCor y el líder del Atilra termina de la peor manera, con violentos bloqueos y la intervención de la fuerza pública, con la planta industrial prácticamente paralizada y trabajadores esperando por el cobro de sus salarios.
La imagen de la Policía en el complejo industrial de SanCor en Sunchales llegó a los medios de comunicación del país y recuerda los peores tiempos de la cooperativa, cuando el dictador Jorge Videla llegó en helicóptero para hacer una “visita de cortesía”, a mediados de los 70. No es casual que el arribo de los efectivos policiales se produjera apenas unos días después que tres legisladores nacionales pisara la fábrica y para escuchar a directivos y trabajadores, fustigar a delegados gremiales y prometer soluciones que por ahora no van más allá del envío de efectivos de la Policía de Santa Fe y el inicio de una campaña de trolls en la red social X, a la que el oficialismo y el propio presidente Javier Milei son muy afectos.
Atrás quedaron los tiempos en que los miembros del Consejo de Administración de la cooperativa y Héctor Ponce gestionaran ayuda estatal para “rescatar” la compañía, con el auxilio de empresarios especuladores que al igual que el Gobierno nacional, nunca invirtieron un peso. Tras el estrepitoso fracaso del “salvataje” y el cambio de orientación política del Gobierno nacional, el divorcio entre el polémico gremialista y la desacreditada conducción de la cooperativa, parece irreversible.
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (Atilra) denunció que los directivos «militarizaron las instalaciones» de la planta ubicada en Sunchales. Según los trabajadores la decisión tiene como único objetivo el «ahogar la protesta». Los delegados responsabilizan de lo que puede ocurrir no sólo a la empresa sino también al gobierno de Maximiliano Pullaro ya que los efectivos están presentes en la planta fabril por decisión del Ejecutivo provincial.
«La planta de SanCor en Sunchales quedó literalmente militarizada por fuerzas policiales y parapoliciales que llegaron para reprimir la protesta de sus trabajadores que reclaman el pago de sus haberes y los aportes jubilatorios», señaló hoy el gremio a través de un comunicado.
Garantizar derechos de trabajadores
Según el ministro de Trabajo de la provincia, Roald Báscolo, el envío del personal policial tiene por objetivo garantizar el derecho laboral de los empleados que no adhieren a las medidas de fuerza y, sin explicar las razones, también la de los huelguistas. «Nosotros respetamos el derecho a huelga habiendo planteos de trabajadores que no cobraron la totalidad de su salario», dijo luego de recorrer la planta la semana pasada. «Pero también respetamos el derecho a trabajar de aquellos que quieran hacerlo», agregó el funcionario provincial en esa oportunidad.
Últimos comentarios