El gobierno nacional quita la concesión de ruta 34 a Carreteras Centrales de Argentina

El Gobierno resolvió quitar la concesión de cinco corredores viales y estatizar 3.374 kilómetros de rutas nacionales, hasta que se liciten nuevamente. La empresa estaba a cargo de la demorada ampliación de ruta nacional 34 a través de un contrato de Participación Público Privada.

La obra de ampliación está paralizada y genera grandes riesgos para los automovilistas.

Se trata de concesiones manejadas por operadores privados, que estaban vencidas desde hace dos años y el Gobierno las venía renovando con resoluciones que fueron impugnadas ante la Justicia. El Decreto de estatización se publicará hoy en el Boletín Oficial. Allí se establece que la empresa estatal Corredores Viales se hará cargo de esas rutas, hasta que «se liciten nuevamente los corredores o con un plazo máximo de cinco años», aseguró Ezequiel Christie, gerente ejecutivo de Planeamiento y Concesiones de Vialidad Nacional.

En los cinco corredores viales trabajan actualmente 978 empleados, que con esta decisión pasan a formar parte de la empresa estatal Corredores Viales, formada por el Ministerio de Transporte (51%) y Dirección Nacional de Vialidad (49%). O sea, se suman a la planta del Estado. «El compromiso es mantener todos los puestos de trabajo, con su correspondiente antigüedad», agregó Christie.

Esta empresa estatal no opera actualmente ninguna ruta. Pero lo hizo durante casi ocho meses, hasta julio de 2018, con el Acceso Riccheri, cuando se rescindió el contrato con la empresa Aecsa, hasta que se entregó a un nuevo concesionario, en agosto pasado, con el mecanismo de las obras de Participación Público-Privada (PPP).

El Gobierno resolvió que la estatal Corredores Viales se haga cargo de las nuevas operaciones en las rutas 8, 9, 12, 16, 19, 34, 36 y 188, ya que Vialidad Nacional no puede cobrar peajes ni incorporar los empleados que estaban en los cinco corredores concesionados. En total las rutas atraviesan 11 provincias.

Salpicadas por hechos de corrupción

Con la declaración del financista de los Kirchner, Ernesto Clarens, quedaron salpicados en causas de corrupción los seis consorcios que construirán los corredores viales, con el modelo de Participación Público Privada (PPP). Esta situación impactó de lleno en los bancos internacionales, que iban a prestar el dinero para las obras y decidieron dar un paso al costado, hasta que se aclare la situación de las empresas involucradas, por una cuestión de «potencial riesgo reputacional».

Es que los seis consorcios adjudicados para realizar las obras viales, por US$ 5.400 millones, tienen entre sus integrantes a empresas que son objeto de investigación por parte del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli, por la entrega de coimas en contratos de obra pública durante el kirchnerismo.

No hay comentarios

Deje un comentario