Familiares de víctimas de la inseguridad se manifestaron en Rosario y denunciaron que el Estado no los escucha
Familiares de víctimas de la inseguridad se manifestaron frente a la sede de la Gobernación en Rosario. Reclaman que se los incluya en la Junta de Seguridad y se apruebe una ley de Víctimas que les permita intervenir como querellantes de los procesos judiciales.
“Ustedes tienen la responsabilidad por cada uno de nuestros muertos”, dijo Leandro Pérez, hermano de Joaquín, el arquitecto asesinado para robarle su auto en octubre de 2021 en el barrio Sarmiento, refiriéndose a los tres podres del Estado provincial y a los funcionarios que, según él, “no hacen nada ni escuchan”. El joven fue el encargado de leer el documento redactado por la “Asociación de Vecinos, Familiares y Víctimas de la Inseguridad de Rosario” en el cierre de la concentración realizada frente a la sede local de la Gobernación para reclamar justicia y avances en las causas.
En el comunicado reclamaron “políticas de seguridad” e interpelaron a los tres poderes del Estado. “Nos llevan a tomar esta medida de vigilia y marchas porque veníamos planteando por medio de movilizaciones y petitorios el diálogo con distintos funcionarios a quienes hemos solicitado en reiteradas oportunidades que nos convoquen y nos reciban, sin tener respuestas favorables. Queremos ser incluidos en la Junta Provincial de Seguridad y queremos que se apruebe la ley de víctimas en la Legislatura provincial. Así tendremos derecho a la querella y una Defensoría de las Víctimas, que es lo que plantea el proyecto de ley”, sostuvo Ezequiel Lowden, titular de la agrupación que llamó a la convocatoria de anoche.
Unas 150 personas subieron a la escalinata del edificio de Santa Fe al 1900 desde donde cada uno se presentó y contó su historia de dolor e indignación. Durante el acto Leandro Pérez leyó el documento redactado y consensuado por los presentes. “Los familiares, como un solo cuerpo, solicitamos respuestas, explicaciones y rendición de cuentas acerca de cada uno de nuestros muertos. En la convicción de que las autoridades tienen el deber intrínseco de cumplir las funciones para las que han sido elegidas. Hemos sido pacientes, silenciosos y complacientes, pero nos han insultado y nos han escupido en la cara con el silencio. Los hacemos directamente responsables de nuestros muertos, los hacemos directamente responsables de las consecuencias devastadoras que su inacción ha tenido en todas nuestras familias y estamos dispuestos a tomar las medidas que sean necesarias para que dejen de evadirnos, de mentirnos y de desoirnos”, explicitó.
Tragedia sin fin
En otro párrafo del texto sostuvieron que “la muerte no es romántica, no es piadosa. Para las familias, estas muertes son una tragedia que no termina. No queremos pensar que para ustedes no es más que un negocio. Entendemos que muchos tienen hijos, padres, amigos, y que tienen conciencia que con los homicidas que dejan circular libremente, cualquiera de ellos puede ser un nuevo blanco. Tienen la responsabilidad sobre todos y cada uno de nuestros muertos”, cerró Leandro.
Los nombres de cada víctima de los crímenes estaban estampados en remeras, pancartas e inscriptos en cada lágrima de los padres, hermanos, hijos y viudas. Fabián, Oso, Rocío, Iván, Gustavo, Joaquín, Maxi, Luciano. Nombres que parecen anónimos, que protagonizan una historia final y desgarradora y que ocuparon muchas páginas de este diario.
Patricia, madre de Rocío Romano, asesinada en Tablada el 14 de noviembre de 2021, sostuvo que “del caso nada se sabe. Las cámaras de seguridad de la zona no funcionaban y no tenemos respuestas de avances. Además nos pasó otra cosa. El cuerpo de mi hija me lo entregaron abierto de punta a punta. Muy cruel, denuncié al Intituto Médico legal y a la casa velatoria. Me la mataron dos veces”, dijo llorando.
María, la hermana de Luciano Gómez, asesinado el 2 de febrero de 2021 en barrio Acíndar, contó que “todo es lento y nadie dice nada. No tuvimos contención del gobierno y a mi cuñada la amenazó gente del barrio para que levantara una denuncia que hizo y tuvo que irse de la provincia. Todavía la Justicia tiene el celular de mi hermano”.
Un caso reciente, el del arquitecto Joaquín Pérez, según Leandro “entró en una nube de silencio” y agregó que “los dos primeros días la policía y el fiscal tenían todo, el arma del ladrón, las huellas y las cámaras. Pero resulta que una semana después nos dijeron que las evidencias habían sido manipuladas y que la investigación iba a ser más difícil, que ahora no tenían nada. Así todo está en foja cero”.
Mario de San Segundo, el padre de Iván, asesinado en una riña callejera en enero pasado, aseguró que en el caso de su hijo “fueron dos personas las que se pelearon, mi hijo y su asesino, en las cámaras era claro, pero resulta que el juez determinó que el sospechoso quedara en su casa mientras se recolectan más pruebas porque estaba la duda de si lo empujó o directamente lo acuchilló. Entonces, ¿qué esperan para acelerar los tiempos? Este tipo que agredió a Iván estaba armado en la calle y ahora está tranquilo en su casa y si sale puede volver a matar”.
El fin del acto lo marcó la pintada de estrellas color sangre en la vereda de la sede de Gobernación y el llanto desconsolado de los familiares abrazándose para encontrar el consuelo que dicen no hallar en las autoridades.
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