La Nación le debe a la ciudad más de $68 millones por fondos retenidos de la coparticipación
El intendente Gonzalo Toselli asistió a la presentación de la propuesta provincial para solicitar fondos pendientes ante Nación.
El gobierno santafesino presentó la propuesta para la cancelación de la deuda que la Nación mantiene con Santa Fe.
El intendente municipal, Gonzalo Toselli, asistió a la reunión convocada por el gobernador Miguel Lifschitz para dar a conocer la propuesta de Liquidación y Pago de Deuda de la Nación con la provincia de Santa Fe que será elevada a Presidencia de la Nación, a fin de solicitar el cumplimiento de los fallos de la Corte Suprema de Justicia que obliga a efectuar el reintegro de los fondos retenidos unilateralmente de la coparticipación para financiar a la Anses.
Los fondos actualizados ascenderían a una suma cercana a los 50 mil millones de pesos, de los cuales Sunchales debería recibir de forma directa 52,5 millones de pesos, más 15,6 millones del Fondo Municipal de Inversiones (Promudi).
Se cobraría en efectivo un 30 por ciento de la suma mencionada (15,75 millones de pesos), en 24 cuotas iguales, mensuales y consecutivas, a partir de enero del 2018. El resto se recibiría mediante la entrega de títulos públicos.
Al encuentro, realizado este martes en Santa Fe, asistieron diputados y senadores nacionales y provinciales, ministros y secretarios del Gobierno provincial, intendentes y presidentes comunales de toda la provincia, entre otros.
El gobernador Miguel Lifschitz agradeció el acompañamiento «de todos los referentes políticos de la provincia al acudir a esta convocatoria que hacemos en un sentido absolutamente constructivo, cumpliendo con nuestra responsabilidad de defender los interesas de la provincia de Santa Fe pero también con el ánimo de realizar una propuesta que ayude y no nos obligue a ir a un nuevo litigio sino que permita a través del diálogo encontrar una solución razonable».
El gobernador recordó que «con ese ánimo comenzamos el diálogo a principios del año pasado con el ministro del Interior, el ministro de Economía y el propio presidente de la Nación; nos plantearon que tuviéramos paciencia, que había que esperar hasta que las cuentas se pudieran acomodar, cosa que nos pareció razonable porque esta deuda se acumuló en años anteriores pero el fallo de la Corte obliga a satisfacer la demanda de los santafesinos. A mediados del año pasado empezamos a intercambiar propuestas que no avanzaron demasiado y propusimos de mutuo acuerdo con las autoridades nacionales un nuevo plazo para cerrar el tema a fin de año. Cuando parecía que se iba a concretar no se dio, quizás por la partida de Alfonso Prat Gay (del Ministerio de Economía) con lo cual se postergó para los primeros meses de este año. Luego nos propusimos una nueva meta: mediados de año».
La propuesta
Los fallos de la Corte Suprema establecen que el gobierno nacional debe devolver a la provincia los fondos indebidamente descontados y fija dos pasos a seguir: liquidación del juicio, que contempla la identificación del monto diario de la deducción realizada a precios históricos y la actualización de dicha deuda o cuantificación de los intereses devengados por el tiempo transcurrido; y el acuerdo entre las partes sobre la modalidad de efectivización de dicha deuda, que deberá existir en un plazo máximo de 120 días de efectuarse la liquidación.
Cabe mencionar que si no se alcanza el acuerdo en el plazo mencionado, será la Corte Suprema de Justicia de la Nación la encargada de establecerlo. En ese marco, Santa Fe optó por no presentar la liquidación del juicio y acordar el monto y la modalidad de pago en señal de diálogo con el gobierno nacional.
Atento a ello, la provincia propone que la Nación cancele la deuda de la siguiente manera: con una transferencia de $ 15 mil millones en 24 cuotas mensuales, iguales y consecutivas de $ 625 millones, aplicando la tasa Badlar sobre el saldo, con vencimiento de la primera cuota en enero de 2018; y con la emisión y entrega de títulos públicos nacionales por un monto de $ 34.840 millones, teniendo en cuenta que los mismos deberán pertenecer a especies con alto volumen de circulación en el mercado internacional, con períodos de amortización de hasta 40 años y admitiéndose nuevas emisiones en similares condiciones financieras a las ya realizadas.
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