Una comedia de enredos: ahora Alberto Fernández deroga el decreto de intervención de Vicentin
Tras fracasar la propuesta del gobernador Omar Perotti, el presidente de la Nación, vuelve sobre sus pasos y deroga el decreto de necesidad y urgencia que disponía la intervención y expropiación de la empresa de Avellaneda.
Si las empresas argentinas dependen de la ayuda del Estado nacional y provincial para capear la crisis que provoca la pandemia, estamos condenados. Apenas unas horas después que se cayera la denominada “propuesta Perotti”, que hace una semanas los medios de comunicación promocionaron ampliamente como una alternativa superadora a la expropiación, el presidente Alberto Fernández derogó el decreto de necesidad y urgencia que disponía la intervención de la compañía y desató manifestaciones contrarias en todo el país.
Pero si la decisión de intervenir y expropiar una de las empresas cerealeras más importantes del país fue un acto disparatado que desnudó el grado de improvisación que caracteriza a la administración de Alberto Fernández, el tardío ingreso a la escena del gobernador Omar Perotti, quien se enteró por la prensa de la intención del presidente de tomar el control de la compañía, quedó grabada a fuego en la historia institucional santafesina. Es que el mandatario provincial presentó una propuesta basada en una pretensión absurda: que los propietarios de la empresa cedieran graciosamente el control de la misma para dejarlo en manos de los muchachos de La Cámpora, incapaces de administrar siquiera un quiosco.
Tras conocerse la anulación del decreto del 9 de junio pasado, el gobierno nacional argumentó que las negociaciones fracasaron porque los directivos de la compañía no aceptaron las condiciones que imponía el Estado nacional, que reclamaba que los accionistas se corrieran de manera definitiva del manejo de la agroexportadora, que tiene un pasivo de 99 mil millones de pesos.
Unas horas antes del anuncio, que el presidente hizo por Twitter, la empresa afirmó, a través de un comunicado de prensa, que aceptar las exigencias del Gobierno para la creación del fideicomiso «equivaldría a consentir una expropiación sin precio indemnizatorio, con la única esperanza de rogar que las gestiones de los representantes oficiales efectivamente sean fructíferas».
Fernández no solo cargó contra la empresa sino también contra el juez civil y comercial de Reconquista, Fabián Lorenzini, que está al frente del concurso de acreedores desde el 10 de febrero pasado, y le dio un duro golpe a las intenciones iniciales del gobierno de intervenir la compañía cuando ordenó restituir a los directivos de Vicentin en sus puestos, el 19 de junio pasado. El magistrado además relegó al rol de veedores a los interventores designados por el Gobierno.
Fernández dijo que el juez «ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019».
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